Ayer estuve hablando con el alcalde de un pequeño pueblo (menos de 2.000 habitantes) sobre la reforma que el Gobierno planea en torno a las administraciones locales.
Su diagnóstico es que se cargan los pueblos, tal como se entienden desde tiempos inmemoriales ("mi pueblo existe desde el año 1.200 y las provincias desde el siglo XIX, y prefieren dar competencias y poder a éstas a través de las diputaciones, que además es el único órgano cuyos componentes no son elegidos directamente por los ciudadanos").
Opina que el ahorro que se pretende es inexistente, y que para los habitantes de sus pueblos puede suponer una carga impositiva inasumible ("prentenden que los servicios tengan un coste estándar, y quien lo supere se tendrá que buscar la vida...si hablamos de recoger las basuras, en una ciudad de 1.500 habitantes se hace en dos horas, pero yo que tengo más de 30 pueblos tardo dos días...¿cómo se puede comparar?).
También me contó lo que cobraba: un solo sueldo, a pesar de que tiene representatividad en otros dos organismos, y por supuesto no cobra por asistir a plenos, comisiones...cree que está ya incluido en sus retribuciones ("si tengo un sueldo digno, ¿cómo voy a andar cobrando más por otros lados?). Inevitablemente, me acordé de nuestro ayuntamiento. Opina también que, una vez se aplique la reforma, la rebaja de sueldos ("necesaria en algunos casos") y de exclusividades (planteadas además de manera arbitraria e ilógica) sólo podrán acceder "los ricos, los que quieren pillar y los tontos".
Que sí, que hay políticos decentes, y que lo que tenemos que hacer los ciudadanos es ayudarles a adecentar el servicio público con leyes sensatas.