viernes, 28 de noviembre de 2014

Justicia social, Un caso particular.


Hay una persona cercana a mí que tiene una situación personal complicada: mayor de 50 años, con una enfermedad mental (no evaluada y, por tanto, no reconocida) que le imposibilita trabajar de manera estable. Vive sola, de manera precaria, acogiéndose a diversas ayudas públicas y con algo de apoyo económico familiar.

El hecho es que hace unos tres años aproximadamente tenía como único ingreso una ayuda de inserción, de unos 420 euros mensuales, que le obligaba a ir al servicio de empleo a firmar cada seis meses. En una de las ocasiones, por motivo de la enfermedad mencionada, se retrasó dos o tres días en ir al servicio de empleo (leyó la fecha de la carta mal, al parecer); fue y le pusieron el sello sin problema. A los cuatro meses, recibe una carta diciéndole que:

a)    Según la normativa, no se puede uno retrasar a la hora de firmar.
b)    Al haberse retrasado, tiene que estar como sanción seis meses sin cobrar (desde el momento que se lo notifican, no antes).
c)    Tiene que devolver el dinero cobrado indebidamente, con sus intereses.
 
De este modo, estuvo sus seis meses sin ingresos, con riesgo serio de indigencia, y ahora tiene que devolver casi 2.000 euros al servicio de empleo, a pesar de que no tiene ningún otro ingreso (ni  lo tendrá) más que los 426 de una ayuda pública.
 
Eso sí, le permiten devolverlo en doce cómodos plazos, de 165 euros cada mes.
 
No dudo de que incumplió la normativa, por supuesto, y que todas estas reclamaciones están dentro de la legalidad. Pero esto está sucediendo en un país donde algunos han robado dinero público hasta la extenuación, y donde Gallardón (por decir uno) está recibiendo 10.000 euros mensuales por ir a dos reuniones a la semana, y donde nos hemos gastado miles de millones en rescatar bancos…¿de verdad nos podemos permitir el lujo de empujar a la gente a la indigencia? ¿Seguro que no podemos solucionar esto?

Estoy hablando de justicia social, no de caridad.

Estamos desmantelando los servicios públicos asistenciales a una velocidad de vértigo, y detrás de cada una de esas normas, de cada recorte, de cada desahucio, hay personas como la del caso que he contado.

Verguenza.